Entidades da América Latina se pronunciam para denunciar as ameaças à democracia e aos direitos humanos no Chile e no Equador; Instituto Vladimir Herzog está entre elas. Confira aqui o pronunciamento.
Los estados de excepción, toques de queda y militarización son respuestas autoritarias que disponen la suspensión de derechos y ocasionan graves violaciones. No resuelven los conflictos sociales y ponen en riesgo décadas de construcción democrática, que buscaron desterrar justamente aquellas prácticas.
América Latina es la región más desigual del mundo, en la que las mayorías sufren de forma desproporcionada los costos de políticas que restringen el acceso a derechos y benefician a los mercados a corto, mediano o largo plazo. En estos momentos, en algunos países de la región aumenta la desconfianza hacia los partidos políticos y las instituciones del Estado. Además de la gravísima declaración de estados de emergencia en Ecuador y Chile, la figura sobrevuela también en otros países ante situaciones diversas.
En Ecuador, las protestas escalaron luego de que el gobierno negociara con el FMI medidas que no tuvieron ningún mecanismo de participación o consulta ciudadana, como la quita del subsidio a los combustibles, que implicaron la suba del costo de vida y el consecuente descontento social. El 4 de octubre, el presidente Lenín Moreno trasladó el gobierno de Quito a Guayaquil y anunció un estado de excepción en todo el territorio por sesenta días. Con el decreto movilizó a las Fuerzas Armadas, suspendió los derechos de libertad de asociación y reunión y limitó la libertad de tránsito las 24 horas. Las protestas siguieron durante otros diez días y la represión policial y militar dejó al menos ocho muertos, 1340 heridos y 1152 detenidos, según cifras de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. El nivel de conflicto cedió –por la facilitación de Naciones Unidas y de la conferencia episcopal– cuando el presidente Moreno dejó sin efecto la quita de los subsidios el pasado 13 de octubre. El 14 de octubre se levantó el estado de excepción y toque de queda, pero en los días siguientes avanzó la criminalización de dirigentes políticos y sociales con acusaciones judiciales de rebelión e insurrección, y órdenes de detención.
El 18 de octubre, el conflicto social hizo eclosión en Chile. Este país cuenta con una de las tasas más elevadas de desigualdad de la región, marcos constitucionales heredados de la dictadura militar y un índice de alrededor del 60% de abstención electoral, el más alto de América Latina. Las protestas se iniciaron contra el aumento de las tarifas del metro, lo que resonó en la acumulación de demandas sociales de amplios sectores, con masivas manifestaciones, quemas y saqueos en todo el país. Tal como en Ecuador, la respuesta del presidente Sebastián Piñera fue decretar el estado de emergencia y el toque de queda en numerosas regiones y localidades, incluida la capital. Como consecuencia, circulan tanques por la ciudad, las fuerzas armadas salieron a las calles con la atribución de realizar detenciones, en un marco de restricción de los derechos fundamentales. En este contexto de militarización se registran denuncias graves de tortura y violencia sexual en las detenciones. Al 27 de octubre, está confirmada la muerte de 19 personas y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) asume que al menos 5 fueron causadas por carabineros y militares. Las cifras del INDH, en constante actualización, indican que hubo 3193 detenciones –
343 son niñas, niños y adolescentes– y que, entre los más de 1000 heridos registrados, al menos 570 recibieron disparos de diferentes tipos de arma.
Los estándares internacionales de derechos humanos determinan que hechos de violencia en el marco de una protesta jamás pueden invocarse para caracterizarla como violenta en su totalidad. Los contextos de protestas extendidas en general suponen situaciones de conflictividad y tensión. Se etiquetan ampliamente estas situaciones como “no pacíficas” para negar los derechos que protegen a la protesta social y a los manifestantes. La mirada totalizante sobre la protesta como violenta no debe desdibujar sus reclamos de fondo: las inequidades y carencias sociales crecientes en una región que hace décadas se esfuerza por consolidar sus democracias.
Al contrario, la fortaleza de las democracias se despliega en su posibilidad de articular y canalizar políticamente el conflicto. Asumir respuestas de excepción y suspensión de derechos para responder a la conflictividad social amenaza al Estado de derecho.
Como organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales de América Latina:
Solicitamos el cese inmediato de los estados de excepción y emergencia y los toques de queda en Ecuador y Chile y el retiro de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad.
Reiteramos la obligación de los Estados de investigar las muertes y otras violaciones de derechos humanos de manera pronta, efectiva e imparcial, y de no criminalizar la protesta social.
Llamamos a la OEA y a la ONU y a sus mecanismos de protección de derechos humanos a tomar una clara posición sobre la habilitación de medidas de excepción y suspensión de derechos.
Manifestamos nuestra preocupación por las declaraciones de otros líderes de la región respecto del posible uso de este tipo de medidas como respuesta a conflictos políticos y sociales, que terminan erosionando la legitimidad de los procesos democráticos y de los proyectos populares.
Argentina
1. Abogades en Cooperativa
2. ANDHES – Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales
3. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Argentina – A.P.D.H
4. Asociación de Abogados Laboralistas
5. Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
6. Asociación Civil Red de Víctimas de Violencia (Red Viva)
7. Asociación de Congoleños de Argentina – ACDA
8. Asociación Docentes Artistas Investigadores de la Universidad Nacional de las Artes
9. Asociación Lola Mora
10. Asociación del Personal Legislativo (APL)
11. ATE Capital
12. Athenea de Haras
13. Biblioteca Popular Crisálida de género y diversidad afectivosexual de Tucumán
14. Campaña Migrar no es Delito
15. Catamarca contra la Tortura y la represión estatal
16. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
17. CLADEM Argentina
18. Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL)
19. Colectivo YoNoFui
20. Colectivo Migrantes y Exiliados/as Colombianos/as por la Paz -MECoPa
21. Colectiva Andina
22. Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF)
23. Comisión de la Memoria del Barrio de Billinghurst
24. Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina
25. CTA Autónoma
26. CTA de los Trabajadores – Provincia de Buenos Aires
27. Cuerpo de Abogadas Feministas de Córdoba
28. ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
29. Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans (FALGBT)
30. Federación de Legislativos de Argentina (FELRA)
31. Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO)
32. Frente TLGBI de la Provincia de Buenos Aires
33. Frente Patria Migrante – Argentina
34. Frente Popular Dario Santillan
35. Fundación Protestante Hora de Obrar
36. Fundación MujeresxMujeres – Tucumán
37. Inquilinos Agrupados
38. Intercambios Asociación Civil
39. Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración – IARPIDI
40. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
41. Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR)
42. Instituto de Justicia y Derechos Humanos – UNLa
43. Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia – ILSED
44. Instituto Prisma San Martin
45. Intersindical de DDHH de la Argentina – CGT, CTA-A y CTA-T
46. La 49 Tucumán
47. Las Casildas
48. Matria, instituto sobre cuestiones de género de Tucumán
49. Mesa Nacional por la Igualdad
50. Migrantes x Migrantes
51. Movimiento Migrante Plurinacional
52. Movimiento de los Pueblos Libres Ama Yunqo
53. Mujeres Fuertes SMA
54. Mujeres en Movimiento San Martin
55. Museo de la Memoria de Rosario
56. Nuestra América Profunda
57. OTRANS Argentina
58. Pastoral de Migraciones SMA
59. Plataforma de Personas que Ejercen Trabajo Sexual
60. Pueblo en Marcha
61. Red de Abogadas Feministas
62. Red de Migrantes y Refugiados en Argentina
63. Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina
64. Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina
65. Red Viva, asociación civil
66. Sindicato del Personal Civil de las FFAA de la República Argentina (PECIFA)
67. Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (Sitraju RA)
68. Suteba — Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires
69. Xumek, Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos
Brasil
70. Associação Brasileira de Saude Mental – ABRASME
71. Artigo 19
72. Brigadas Populares
73. Central de Cooperativas Unisol Brasil
74. Coletivo A Revolta da Lâmpada
75. Coletivo de Juventude Juntos
76. Coletivo Somos Natureza
77. Conectas Direitos Humanos
78. FIAN Brasil
79. Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC)
80. Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD)
81. Instituto Vladimir Herzog
82. Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social
83. Justiça Global
84. Movimento Bancada Ativista
85. Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH)
86. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST)
87. Muitas pela Cidade que Queremos – Belo Horizonte
88. Rede Emancipa de Educação Popular
89. Resistencia Antifascista Joseense, São José dos Campos, SP
Chile
90. Observatorio Ciudadano
91. Clínica de Migrantes y Refugiados – UDP
92. Corporación Humanas
93. Movimiento Acción Migrante
Colombia
94. Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” CAJAR
95. Elementa DDHH
96. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA
97. Movimiento de Mujeres por la Paz
Ecuador
98. Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
99. Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
100. Corporación Humanas Ecuador
El Salvador
101. Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho – FESPAD
Guatemala
102. Convergencia por los Derechos Humanos (CAFCA, CALDH, CIIDH, ECAP, ICCPG, ODHAG, SEDEM, UDEFEGUA, UNAMG).
Honduras
103. Comité de Familiares Migrantes y Desaparecidos del Centro de Honduras – COFAMICENH
104. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras
México
105.CAFAMI A.C.
106. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.
107. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
108. Elementa DDHH
109. FIAN México
110. Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (de México)
111. Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)
Paraguay
112. Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación, Comunicación (TEDIC)
113. Iniciativa Amotocodie
Perú
114. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
115. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP
116. Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH
117. Centro de Políticas Publicas y Derechos Humanos – EQUIDAD
118. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú
119. Demus – Estudio para la defensa de los derechos de la mujer
120. Paz y Esperanza
Uruguay
121. Asociación Civil El Abrojo
122. Comité de los Derechos del Niño/a del Uruguay – CDNU
Regionales e internacionales
123. Articulación Feminista MARCOSUR
124. Asociación Rumiñahui (Madrid, España)
125. Asociadas por lo Justo (JASS Mesoamérica)
126. Bloque Latinoamericano sobre Migración
127. Comité de América Latina y el Cribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
128. Confederación de Trabajadores Legislativos de las Américas y El Caribe (CONTLAC)
129. FIAN Internacional
130. Greenpeace (Oficina Andina)
131. Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA
132. Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era – DAWN
133. Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
134. Red de Género y Comercio
135. Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia
136. Robert F. Kennedy Human Rights
137. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
138. Tatu Latinoamericana
139. WOLA (Washington Office on Latin America)
